El objetivo principal de la OIT es promover oportunidades para hombres y mujeres de obtener un trabajo productivo y decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas. Para la consecución de ese objetivo, una atención especial debe ser dada a la situación de las mujeres trabajadoras, ya que ellas están en desventaja en muchos aspectos.

La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres supone la necesidad de promover cambios en las relaciones de género, lo que implica cambios también en la situación de los hombres, tanto en el ámbito del trabajo como de los patrones culturales, la participación política y ciudadana y la vida familiar.

Todas las personas que trabajan, hombres y mujeres, tienen derechos que deben ser respetados. Sin embargo, más mujeres que hombres sufren el problema de ser reconocidos como sujetos de esos derechos, porque están sobrerepresentadas en las esferas desprotegidas e invisibles del mundo del trabajo, que aparecen, tanto en las estadísticas e indicadores, como en la definición e implementación de políticas públicas, como áreas del no trabajo.

Garantizar el mismo status legal para hombres y mujeres es el primer y necesario paso, pero no es suficiente. Avanzar en la agenda del trabajo decente, considerando su dimensión de género, significa también avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eso plantea el tema de la necesaria articulación entre el respeto a los derechos de los trabajadores y los demás objetivos estratégicos de la OIT (la promoción de un empleo de calidad para hombres y mujeres, la extensión de la protección social y la promoción del dialogo social).

Especial atención debe ser dada a la protección a la maternidad, ya que la situación actual, futura o probable de la mujer como madre y principal responsable por el cuidado doméstico y familiar sigue siendo la principal causa de su discriminación en el trabajo. No puede existir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, sin una adecuada protección a la maternidad y al derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo, por factores asociados a su capacidad reproductiva. A pesar de la legislación relativamente avanzada que existe al respecto, en la mayoría de los países de América Latina, esa es un área donde se registra una gran frecuencia de incumplimiento de los derechos que están reglamentados en ley.

Trabajo decente significa un trabajo productivo y remunerado para hombres y mujeres. Para las mujeres, eso supone, al mismo tiempo: a) aumentar sus posibilidades de acceso al trabajo remunerado y oportunidades de generación de ingreso; b) disminuir la invisibilidad del trabajo realizado en diversas esferas no reconocidas en tanto tal; c) mejorar la calidad de sus empleos.

Un porcentaje significativo de la población trabajadora en América Latina, especialmente aquella ocupada en formas precarias de trabajo, no cuenta con ningún mecanismo de protección social. Las mujeres sufren ese problema en una proporción mayor que los hombres, debido a sus patrones de empleo, en general más inestables. A su vez, la desprotección tiene, en su caso, efectos más graves que para los hombres, ya que, además de las contingencias que son comunes a ambos sexos (vejez, invalidez, salud, desempleo, enfermedades y accidentes laborales), ellas necesitan la protección específica a su función reproductiva.

La efectiva presencia y representación de las mujeres en las estructuras y procesos de dialogo social, es un elemento fundamental para que los temas referentes a los derechos de la mujer trabajadora y de la equidad de género en el mundo del trabajo se transformen en parte sustantiva y permanente de esa agenda. A su vez, fortalecer los actores para el dialogo social supone incorporar a las mujeres en sus estructuras de organización y representación, así como los temas de género a su agenda.